Referentes: Pascal-André Gérinier (Abogado - Fundador), William Mak (Abogado - Fundador)
El empleador soporta el coste de la investigación que decide, en virtud de su obligación de seguridad. Cuando el comité social y económico (CSE) designa a un experto habilitado por un riesgo grave, identificado y actual, sus honorarios corren íntegramente a cargo del empleador (artículos L. 2315-94 y L. 2315-80 del Código de Trabajo francés), que solo puede impugnarlo ante el juez en el plazo de diez días. El trabajador nunca paga la investigación del empleador: hacerle soportar su coste sería una sanción pecuniaria prohibida (artículo L. 1331-2). Puede financiar a su propio abogado, a veces gracias a un seguro de defensa jurídica.
Lo esencial
- La investigación que el empleador decide es una carga de la empresa, nunca del trabajador, aunque sea culpable.
- La pericia del CSE por riesgo grave la paga al 100 % el empleador; la mayoría de las demás pericias puntuales se pagan al 80 %, financiando el CSE el 20 % con cargo a su presupuesto de funcionamiento, salvo las que la ley pone íntegramente a cargo del empleador.
- El empleador dispone de diez días para impugnar la pericia; la demanda ante el juez la suspende, salvo cuando se refiere únicamente al coste final.
Quién encarga, quién paga: el cuadro
| Actuación | Quién la decide | Quién paga | Condición | Recurso o punto de atención |
|---|---|---|---|---|
| Investigación interna del empleador | El empleador | El empleador | Ninguna: obligación de seguridad | Ninguna carga para el trabajador, aunque sea culpable |
| Investigación conjunta tras la alerta de un representante electo | El empleador, con el representante | El empleador, con sus medios internos | Alerta de un miembro electo del CSE | Tribunal laboral (conseil de prud'hommes), procedimiento acelerado, en caso de inacción |
| Pericia del CSE por riesgo grave | El CSE, por acuerdo | El empleador al 100 % | Riesgo grave, identificado y actual | Impugnación por el empleador en diez días |
| Otras pericias puntuales del CSE | El CSE | 80 % empleador, 20 % CSE, salvo casos previstos al 100 % | Supuestos de recurso previstos por la ley | Impugnación en diez días |
| Abogado del CSE | El CSE | El presupuesto de funcionamiento del CSE | Acuerdo del comité | Control del juez sobre la conformidad del gasto con las atribuciones del CSE |
| Investigador privado | El empleador | El empleador | Tarjeta profesional CNAPS, métodos lícitos y proporcionados | Prueba desleal admitida solo si es indispensable y estrictamente proporcionada |
| Seguro | El asegurado | El asegurador, dentro de los límites de las garantías | Declaración en plazo, definición del siniestro | Libre elección del abogado |
| Abogado del trabajador | El trabajador | El trabajador, su seguro de defensa jurídica o la asistencia jurídica gratuita | Condiciones del contrato o de recursos | Defensor sindical gratuito ante el tribunal laboral |
- El seguro de defensa jurídica cubre sobre todo la defensa una vez nacido el litigio; un seguro de directivos puede cubrir gastos de investigación.
- Una parte de los gastos se recupera ante el juez en virtud del artículo 700 del Código de Procedimiento Civil francés, rara vez la totalidad.
El coste de una investigación puede pesar en la decisión de iniciarla, sobre todo cuando deben entrevistarse varias personas o son necesarias investigaciones técnicas. Pero esperar por razones presupuestarias también puede complicar la protección de los trabajadores y la conservación de las pruebas. Pueden intervenir tres financiadores: el empleador, el CSE y el asegurador, según la actuación emprendida y las garantías del contrato. El principio es simple: cada uno soporta el coste de sus propias obligaciones. El empleador asume las investigaciones que encarga y no puede transferir al trabajador el coste de sus propias obligaciones.
La investigación decidida por el empleador: una carga de la empresa
Cuando abre una investigación, el empleador cumple su obligación de seguridad (artículo L. 4121-1 del Código de Trabajo francés): prevenir los riesgos, incluidos los psicosociales, y hacer cesar lo que se ha denunciado. Su coste es una carga de la empresa, como los demás gastos de asesoramiento. Lo que lo hace variar:
- el número de personas a entrevistar y el número de investigadores por entrevista;
- los idiomas y los países afectados, con o sin intérprete;
- el análisis de mensajerías o de servidores, que supone una copia congelada de los datos y a veces un proveedor informático;
- las constataciones de agente judicial (commissaire de justice) y las medidas judiciales;
- la redacción de un informe utilizable en juicio, con sus versiones anonimizadas.
MOSAIK elabora un presupuesto sobre estos criterios antes de abrir la investigación, y lo revisa si el perímetro cambia.
El trabajador no financia la investigación encargada por su empleador. Retenerle de su salario todo o parte de los gastos equivaldría a infligirle una sanción pecuniaria, prohibida por el artículo L. 1331-2 del Código de Trabajo francés. Esta prohibición se mantiene aunque la investigación acredite una falta, incluso grave. La responsabilidad pecuniaria del trabajador frente a su empleador supone, según jurisprudencia constante, una falta dolosa (faute lourde), caracterizada por la intención de perjudicar. El empleador que estima haber sufrido un perjuicio puede entonces pedir reparación al juez, pero no puede resarcirse directamente de la retribución. Hay que distinguir, por tanto, los gastos de investigación de una eventual reclamación judicial de indemnización.
La pericia del CSE por riesgo grave: 100 % a cargo del empleador
El comité social y económico puede recurrir a un experto habilitado cuando se constata en el centro de trabajo un riesgo grave, identificado y actual, revelado o no por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional (artículo L. 2315-94). Es el antiguo «experto acreditado»: el código dice «habilitado» desde las ordenanzas de 2017, pero el término antiguo sigue empleándose en las empresas. Los gastos de esta pericia los asume el empleador en su totalidad (artículo L. 2315-80). La mayoría de las demás pericias puntuales se financian al 80 % por el empleador y al 20 % por el CSE con cargo a su presupuesto de funcionamiento, y al 100 % por el empleador si ese presupuesto no basta y no se ha transferido a las actividades sociales y culturales en los tres años anteriores; algunas quedan íntegramente a cargo del empleador, como las que se refieren a la política social o a un proyecto de despido colectivo por causas económicas. No debe confundirse con la investigación que el empleador lleva a cabo con un representante electo tras una alerta por vulneración de los derechos de las personas (artículo L. 2312-59): esta no abre, por sí sola, derecho a una pericia financiada por el empleador.
Compruebe primero si el riesgo grave está identificado y es actual: un malestar difuso no basta. Bajas laborales, alertas o el dictamen del médico del trabajo pueden sustentarlo. La elección del experto, el coste, el alcance o la duración también pueden impugnarse. Según el artículo R. 2315-49 del Código de Trabajo francés, dispone de diez días para acudir al juez, a contar desde el acuerdo, la designación o la notificación de que se trate. Los miembros del CSE notifican, en su caso, un pliego de condiciones al empleador; el experto le notifica el coste previsto, el alcance y la duración de la pericia (artículo L. 2315-81-1). El juez resuelve en diez días sobre las impugnaciones iniciales; la demanda suspende la pericia, salvo cuando se refiere únicamente al coste final (artículo L. 2315-86). La pericia trata de las condiciones de trabajo, sin sustituir la investigación sobre los hechos individuales. Coordine los calendarios para evitar entrevistas repetidas.
¿Puede el CSE pagar a su propio abogado?
Sí. El CSE dispone de un presupuesto de funcionamiento abonado por el empleador, igual al 0,20 % de la masa salarial bruta en las empresas de cincuenta a menos de dos mil trabajadores y al 0,22 % por encima (artículo L. 2315-61). Puede destinarlo a los honorarios de un abogado que le asista en la investigación conjunta del artículo L. 2312-59, relea un informe o le acompañe en la impugnación de una medida; MOSAIK asesora a los comités en este marco, tras verificar que no interviene ya para el empleador en el mismo asunto. Puede también financiar con ese presupuesto las pericias llamadas libres, para la preparación de sus trabajos (artículo L. 2315-81), que no corresponden a ningún supuesto legal de recurso y no se imponen al empleador. Estos gastos se deciden por acuerdo y se reflejan en sus cuentas.
El investigador privado: lo que puede hacer y quién le paga
El agente de investigación privada se rige por el libro VI del Código de Seguridad Interior francés y ejerce con una tarjeta profesional expedida por el CNAPS, en el seno de una agencia autorizada (artículo L. 622-19 del Código de Seguridad Interior francés). Le paga quien le encarga el trabajo, generalmente el empleador. Los seguimientos y vigilancias pueden vulnerar la vida privada. Una prueba obtenida de forma ilícita o desleal solo puede admitirse si es indispensable para el derecho a la prueba y si la vulneración de los demás derechos es estrictamente proporcionada (Ass. plén. 22 décembre 2023, n° 20-20.648). Este investigador no goza del secreto profesional del abogado y no representa a su mandante ante el juez. Un informe excluido del debate es un gasto perdido. Su intervención puede completar una investigación delimitada, no sustituirla.
El seguro: defensa jurídica y responsabilidad de directivos
Los contratos de defensa jurídica de la empresa cubren la mayoría de las veces los gastos de defensa una vez nacido el litigio, y no la investigación preventiva que lo precede. Las pólizas de responsabilidad de directivos pueden, según su redacción, asumir gastos de investigación cuando un directivo es denunciado personalmente. En defensa jurídica, el asegurado elige libremente a su abogado (artículo L. 127-3 del Código de Seguros francés), pero los baremos de cobertura tienen límites; en una póliza de responsabilidad de directivos, la libre elección depende de la cláusula. Antes de comprometerse:
- leer las definiciones de «siniestro», «gastos de investigación» y «gastos de defensa» en la póliza;
- declarar desde la denuncia, pues una declaración tardía expone a la pérdida de la garantía;
- hacer valer por escrito la libre elección del abogado;
- prever la parte que queda a su cargo.
El trabajador que desea un abogado propio puede comprobar su seguro de defensa jurídica. Figura a veces en un seguro de hogar o en las garantías asociadas a una tarjeta bancaria. Hay que comprobar su cobertura, sus exclusiones y las modalidades de declaración. Si la garantía interviene, el trabajador conserva la libre elección de su abogado conforme al artículo L. 127-3 del Código de Seguros francés. Puede también solicitar la asistencia de un sindicato. Ante el tribunal laboral (conseil de prud'hommes), un defensor sindical puede asistirle gratuitamente. Bajo condiciones de recursos, y a falta de un seguro de defensa jurídica que cubra los gastos, la asistencia jurídica gratuita prevista por la ley de 10 de julio de 1991 puede contribuir a financiar su defensa. La investigación decidida por el empleador no se le factura.
Recuperar una parte de los gastos tras un litigio
Si el asunto termina ante el juez, la parte que pierde puede ser condenada a pagar a la otra una suma en concepto de gastos soportados y no incluidos en las costas (artículo 700 del Código de Procedimiento Civil francés). El juez la fija libremente, teniendo en cuenta la equidad o la situación económica de la parte condenada, y puede incluso declarar de oficio que no procede condena; rara vez cubre la totalidad de los honorarios. Los propios gastos de investigación no son costas. Una indemnización completa supone demostrar una culpa y un perjuicio distintos, lo que sigue siendo excepcional entre un empleador y un trabajador.
Lo que cambia según los hechos
El tamaño de la empresa modifica las opciones. Por debajo de cincuenta trabajadores, el CSE no dispone del presupuesto legal de funcionamiento ni del recurso a la pericia por riesgo grave. No se impone ningún canal interno de alertas por el solo hecho de ese umbral. Cuando existe un CSE, su implicación y sus decisiones influyen en la financiación. En presencia de hechos penales, puede abrirse una investigación de las autoridades sin gastos de investigación facturados al empleador, pero sigue su propio calendario. A nivel internacional, las traducciones y las normas locales pueden encarecer las operaciones. Para el trabajador, el seguro de defensa jurídica, el apoyo sindical y la asistencia jurídica gratuita amplían las posibilidades de financiación. Por último, las acciones que preceden o siguen a la investigación, mapa de riesgos, canal de denuncias, formación de los mandos, mediación, son objeto de presupuestos distintos del de la investigación: la empresa solo se compromete con lo que necesita.
La guía ¿Qué riesgos de recursos humanos obligan a abrir una investigación interna? ayuda a decidir la apertura de la investigación; la guía ¿Por qué confiar la investigación interna a un abogado? compara a los intervinientes y su coste real; la página Derecho laboral presenta la práctica laboral del despacho, y la página Investigaciones internas el conjunto del proceso.
Preguntas frecuentes
¿Puede el CSE imponer una pericia al empleador?
Sí, cuando se reúnen las condiciones previstas por los textos. El CSE puede decidir, por acuerdo, recurrir a un experto habilitado en presencia de un riesgo grave, identificado y actual, según el artículo L. 2315-94 del Código de Trabajo francés. El empleador que impugna esta decisión debe acudir al juez en el plazo de diez días, conforme al artículo R. 2315-49. Si la pericia no se anula, su financiación le incumbe íntegramente en aplicación del artículo L. 2315-80.
¿Puede el empleador negarse a pagar al experto del CSE?
No por sí mismo. Si impugna la necesidad de la pericia, la elección del experto, su coste previsto, su alcance o su duración, debe acudir al juez en el plazo de diez días; la demanda suspende la pericia, salvo si se refiere únicamente al coste final, y el juez resuelve en diez días (artículos L. 2315-86 y R. 2315-49 del Código de Trabajo francés). Transcurrido ese plazo, la pericia se impone y su coste también. En caso de anulación definitiva del acuerdo del CSE, el experto reembolsa al empleador las sumas percibidas, salvo si el comité decide asumirlas con cargo a su presupuesto de funcionamiento.
¿Se puede descontar el coste de la investigación del salario del trabajador culpable?
No. El artículo L. 1331-2 del Código de Trabajo francés prohíbe las sanciones pecuniarias. Incluso cuando se acredita una falta grave, el empleador no puede retener los gastos de investigación de la retribución. La responsabilidad pecuniaria del trabajador frente a su empleador supone, según jurisprudencia constante, una falta dolosa (faute lourde), es decir, una intención de perjudicar. Si se cumple esa condición, el empleador puede pedir una indemnización al juez, sin resarcirse directamente del salario.
¿Cubre un seguro la investigación?
Rara vez la investigación en sí. El seguro de defensa jurídica cubre en general los gastos de defensa una vez nacido el litigio, dentro de unos límites, y el asegurado elige libremente a su abogado (artículo L. 127-3 del Código de Seguros francés). Algunas pólizas de responsabilidad de directivos cubren gastos de investigación cuando un directivo es denunciado. En todo caso, declarar desde la denuncia y leer la definición del siniestro antes de comprometerse.
¿Puede un detective privado investigar a un trabajador?
Sí, algunas investigaciones pueden confiarse a un agente de investigación privada titular de una tarjeta profesional expedida por el CNAPS, en el seno de una agencia autorizada, con sujeción a las normas del libro VI del Código de Seguridad Interior francés. La vigilancia de un trabajador puede vulnerar su vida privada. Una prueba obtenida de forma desleal o ilícita solo se admite si es indispensable para el ejercicio del derecho a la prueba y si la vulneración de los demás derechos es estrictamente proporcionada (Ass. plén. 22 décembre 2023, n° 20-20.648). Este recurso es sobre todo útil para hechos externos a la empresa, como una actividad competidora sospechada durante una baja laboral. El uso del informe depende de la licitud, la necesidad y la proporcionalidad de los métodos empleados, dentro del perímetro fijado para la investigación.