¿Por qué confiar la investigación interna a un abogado: secreto profesional, deontología y acceso al juez para las investigaciones?

Actualizado el 9 de noviembre de 2026

Referentes: Pascal-André Gérinier (Abogado - Fundador), William Mak (Abogado - Fundador)

Tres razones. El secreto profesional: cuando el abogado investiga como asesor de la empresa, las notas de entrevista y el informe que le entrega están cubiertos por el artículo 66-5 de la ley de 31 de diciembre de 1971, y la empresa sigue siendo libre de aportar el informe en juicio. La deontología: las normas de la profesión regulan las entrevistas; el abogado dice a las personas entrevistadas que no es su abogado, informa a aquellas a las que podrían imputarse hechos de que pueden ser asistidas, y no representa después a la empresa contra una persona a la que ha entrevistado. El juez: cuando las pruebas están en poder de un tercero o corren el riesgo de desaparecer, solo el juez puede ordenar una constatación inaudita parte (constat sur requête) (artículo 145 del Código de Procedimiento Civil francés) o una prohibición bajo multa coercitiva en un procedimiento de medidas urgentes (référé), y autorizar un embargo preventivo; el abogado prepara y presenta estas solicitudes, lo que ninguna consultora de recursos humanos ni investigador privado puede hacer por usted.

Lo esencial

• El secreto cubre lo que el abogado entrega a su cliente cuando investiga como su asesor, no a las personas a las que entrevista: estas son informadas de ello. Los trabajos del abogado designado como investigador independiente no están cubiertos por ese secreto.
• Cinco medidas judiciales prolongan la investigación, que el juez ordena o autoriza y que el abogado prepara: constatación inaudita parte, procedimiento de medidas urgentes, embargo preventivo, diligencia de constatación de la infracción (saisie-contrefaçon), exhibición forzosa de documentos; se añaden la vía penal y dos instrumentos convencionales reservados a las partes asistidas por un abogado: el procedimiento participativo y el acta refrendada por abogado (acte d'avocat).
• Ante el tribunal judicial (tribunal judiciaire), la representación por abogado es en principio obligatoria para estas solicitudes; la empresa puede, en cambio, presentar una denuncia por sí sola.
• El abogado que ha investigado no representa después a la empresa contra una persona a la que ha entrevistado: otro abogado toma el relevo.
• En el extranjero, la confidencialidad varía: fuerte en Hong Kong, débil en China.

Cuando confía una investigación interna a un abogado, tres elementos cambian. El encargo se inscribe en un marco deontológico. Confiado a un despacho de abogados de 360° como MOSAIK, se beneficia además de todas las competencias que una situación sensible pone en juego, derecho laboral, penal económico, sociedades, cumplimiento normativo, datos personales e internacional, sin que la empresa tenga que multiplicar los asesores. Los trabajos entregados al cliente gozan del secreto profesional en las condiciones del artículo 66-5 de la ley de 31 de diciembre de 1971. El despacho puede acompañar el litigio posterior por un abogado distinto del investigador: la deontología impone a este abstenerse de representar a la empresa contra una persona entrevistada, y la intervención de un compañero del mismo despacho se aprecia a la luz de las normas sobre conflictos de intereses. El juez aprecia el valor probatorio de toda investigación interna a la luz de los demás elementos del expediente (Cass. soc. 18 juin 2025, n° 23-19.022): es el método del abogado, leal y documentado, el que da al informe su peso.

Lo que cubre el secreto profesional, y lo que no cubre

El artículo 66-5 cubre, en todas las materias, las consultas dirigidas por el abogado a su cliente, la correspondencia intercambiada entre ellos, las notas de entrevista y, con carácter más general, todos los documentos del expediente. Aplicado a la investigación interna, todo depende del encargo. Cuando el abogado investiga como asesor de la empresa, el encargo de asistencia, la carta de encargo, las notas tomadas durante las entrevistas, los intercambios con la dirección y el informe entregado al órgano que le ha dado mandato están cubiertos. Cuando se le designa como investigador independiente, el encargo de pericia, la investigación no está sometida al secreto profesional del abogado, que separa estos documentos de sus demás expedientes. En ambos casos, el secreto, cuando existe, es el de la relación entre el abogado y su cliente: no protege a las personas entrevistadas, que son informadas de ello, y no prohíbe a la empresa aportar el informe ante el juez si así lo decide; una vez aportado, el informe se discute como cualquier documento. Se distingue de la confidencialidad de las consultas de los juristas de empresa, instituida por la ley n° 2026-122 de 23 de febrero de 2026, que crea un artículo 58-1 en la ley de 31 de diciembre de 1971: más estrecha, sometida a sus propias condiciones, y cuya entrada en vigor se remite a un decreto.

En la práctica, el informe se entrega al órgano de la empresa que ha dado mandato al abogado. Su difusión debe quedar limitada a las personas que necesitan conocerlo. Si la empresa elige aportarlo en juicio, privilegia una comunicación leal y completa, o justifica con precisión las omisiones necesarias: una investigación cuyas actas solo se aportaron en parte fue considerada insuficientemente probatoria (Cass. soc. 18 juin 2025). Antes de cada entrevista, el abogado precisa a las personas entrevistadas que no son sus clientes, que el secreto profesional no las protege y que sus palabras podrán ser utilizadas. Les informa de la posibilidad de ser asistidas. El informe distingue, por último, los hechos constatados, las declaraciones recogidas y el análisis jurídico.

Dos encargos se definen desde la carta de encargo, porque no obedecen a las mismas reglas. El primero acredita los hechos: entrevistas, cronología, análisis documental, constataciones e informe, en un perímetro y con unos derechos de las personas fijados en la apertura. El segundo asesora confidencialmente a la empresa sobre las consecuencias: medidas cautelares, procedimiento disciplinario, actualización del reglamento interno y de los procedimientos, obligaciones legales, litigio y remediación. Distinguirlos evita confundir una constatación factual y un dictamen jurídico, y permite a la empresa aportar el primero en juicio conservando el segundo para sí.

La deontología del abogado investigador: lo que se impone a sí mismo

Las normas deontológicas de la profesión distinguen dos encargos: la asistencia, en la que el abogado investiga como asesor de la empresa, y la pericia, en la que investiga de forma independiente. En ambos casos, el abogado se impone:

• decir a cada persona entrevistada que no es su abogado y que actúa por cuenta del cliente que le ha encomendado el encargo;
• precisarle que el secreto profesional al que está sujeto frente a su cliente no la ampara a ella: lo que declare podrá ser utilizado por la empresa;
• informarle, cuando podrían imputársele hechos, de que puede ser asistida por un abogado;
• explicar su encargo y su carácter no coercitivo, conducir los intercambios con lealtad y abstenerse de toda presión;
• transcribir fielmente las palabras y, cuando se recogen literalmente, proponer la relectura y la firma del acta;
• en encargo de asistencia, abstenerse de representar después a su cliente en un procedimiento dirigido contra una persona a la que ha entrevistado; en encargo de pericia, abstenerse de representar a cualquier parte en cualquier procedimiento, incluso amistoso, vinculado a la investigación.

El Conseil national des barreaux publicó en junio de 2020 una guía sobre el abogado y las investigaciones internas, que completa estas referencias. Estas normas orientan el método sin prejuzgar las conclusiones de la investigación, y explican por qué el abogado que investiga no es el que litiga después, quedando la intervención de otro abogado del despacho sometida a las normas sobre conflictos de intereses.

Las medidas judiciales al servicio de la investigación

La investigación interna se detiene en la puerta de la empresa: no obliga ni a un antiguo trabajador, ni a un competidor, ni a un proveedor, ni a un banco. Cuando la prueba está en su poder, o corre el riesgo de desaparecer, el relevo es judicial, y es ahí donde la fuerza de un despacho de 360° adquiere toda su dimensión: el mismo despacho que ha dirigido la investigación prepara las medidas judiciales. Hay que distinguir tres niveles. Lo que solo el juez puede hacer: ordenar una constatación, una prohibición, un embargo, una exhibición de documentos. Lo que solo un abogado puede hacer: representar a la empresa ante el tribunal judicial, donde la representación es en principio obligatoria, asistir a las partes en un convenio de procedimiento participativo, que solo pueden celebrar partes asistidas por un abogado, refrendar un acta de abogado, y litigar después. Lo que el abogado prepara sin tener la exclusividad: la denuncia penal, que la empresa puede presentar por sí sola, pero cuya forma, denuncia simple o querella con personación como actor civil, determina los efectos. Siguen cinco medidas judiciales, la vía penal y dos instrumentos convencionales, con, para cada uno, la situación tipo, la condición y el límite.

1. La constatación inaudita parte del artículo 145 del Código de Procedimiento Civil francés

Si existe un motivo legítimo para conservar o establecer antes de cualquier proceso la prueba de hechos de los que podría depender la solución de un litigio, el juez puede ordenar cualquier medida de instrucción legalmente admisible, inaudita parte o en un procedimiento de medidas urgentes (artículo 145). Inaudita parte, es decir, sin que el adversario sea avisado, lo que el solicitante debe justificar (artículo 493), un agente judicial (commissaire de justice), a menudo acompañado de un experto informático, se presenta en el competidor que ha contratado al trabajador que se marchó con el fichero de clientes, en el proveedor o en el domicilio profesional del antiguo colaborador, copia mensajerías y discos según palabras clave y un periodo definidos, y lo deposita todo bajo secuestro; la selección se hace después de forma contradictoria, y el adversario puede pedir la revocación del auto. Condiciones: un motivo legítimo, una medida legalmente admisible y proporcionada al fin perseguido, una solicitud que justifique la sorpresa. Del lado del trabajador, la misma vía permite obtener antes de cualquier proceso elementos de comparación para probar una discriminación (Cass. soc. 22 septembre 2021, n° 19-26.144), o la aportación de un informe de investigación.

2. El procedimiento de medidas urgentes (référé)

Cuando un antiguo trabajador utiliza ficheros que se ha llevado, la empresa puede pedir al presidente del tribunal judicial, en un procedimiento de medidas urgentes, una prohibición bajo multa coercitiva o la entrega de documentos: el artículo 835 del Código de Procedimiento Civil francés permite prevenir un daño inminente o hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En materia laboral, la formación de medidas urgentes del tribunal laboral (conseil de prud'hommes) dispone de poderes comparables (artículo R. 1455-6 del Código de Trabajo francés). A la inversa, en caso de inacción del empleador tras la alerta de un miembro electo del comité social y económico (CSE), el trabajador o el representante puede acudir al tribunal laboral según el procedimiento acelerado sobre el fondo (artículo L. 2312-59). El procedimiento de medidas urgentes sigue siendo contradictorio: no permite el efecto sorpresa y no resuelve el fondo.

3. El embargo preventivo

Cuando una apropiación indebida es verosímil, el abogado pide al juez la autorización para embargar con carácter preventivo las cuentas o los bienes del presunto autor, antes de cualquier sentencia, siempre que el crédito parezca fundado en su principio y que concurran circunstancias que amenacen su cobro (artículo L. 511-1 del Código de Procedimientos Civiles de Ejecución francés). El embargo hace indisponibles las sumas sin transferirlas; bajo pena de caducidad, debe ir seguido, en el plazo fijado por los textos, de una acción sobre el fondo para obtener un título.

4. La diligencia de constatación de la infracción (saisie-contrefaçon)

Se han sustraído ficheros, programas informáticos, bases de datos o creaciones y se sospecha una infracción de derechos de propiedad intelectual. La saisie-contrefaçon permite, mediante auto dictado inaudita parte por el presidente del tribunal judicial competente en propiedad intelectual, hacer describir o incautar los elementos supuestamente infractores por un agente judicial. Contribuye a conservar pruebas difíciles de obtener de otro modo, sin prejuzgar la existencia de los derechos invocados ni su violación. Su alcance depende de los derechos de propiedad intelectual efectivamente protegidos. Debe iniciarse después una acción sobre el fondo en el plazo legal, bajo pena de nulidad de la diligencia, declarada a petición del afectado. La página Propiedad intelectual detalla estas acciones.

5. La exhibición forzosa de documentos durante el proceso

Una vez iniciado el proceso, una parte puede pedir al juez que ordene a un tercero aportar un documento que posee, en su caso bajo multa coercitiva (artículos 138 y siguientes del Código de Procedimiento Civil francés). Tanto ante el tribunal laboral como ante el tribunal judicial, así es como se obtiene un registro, un listado de fichajes, un contrato o un correo electrónico cuya existencia se conoce sin disponer de copia.

6. La vía penal

Ante una infracción sospechada, la empresa puede presentar una denuncia simple ante el fiscal o una querella con personación como actor civil; esta última supone en principio una negativa a perseguir o un plazo de tres meses tras la denuncia previa, y una sociedad adjunta a ella su balance y su cuenta de resultados (artículo 85 del Código Procesal Penal francés). La investigación penal permite registros, requerimientos bancarios y telefónicos y declaraciones, fuera de los poderes del empleador. El plazo disciplinario de dos meses solo se interrumpe por la puesta en marcha de la acción penal: una investigación preliminar no basta (artículo L. 1332-4 del Código de Trabajo francés; Cass. soc. 13 octobre 2016, n° 15-14.006), ni, por consiguiente, una denuncia simple: la forma elegida cuenta. La guía de la Agencia Francesa Anticorrupción y de la Fiscalía Nacional Financiera de marzo de 2023 preconiza una investigación interna autónoma y leal y la preservación de las pruebas para los investigadores. El abogado dialoga con la fiscalía. Una denuncia deliberadamente falsa expone a actuaciones penales.

7. El convenio de procedimiento participativo

Cuando la persona denunciada, o un socio comercial, acepta cooperar, las partes, asistidas por sus abogados, pueden celebrar un convenio de procedimiento participativo para resolver su controversia de forma amistosa o preparar su litigio para el juicio (artículos 2062 y 2064 del Código Civil francés): designación de un técnico, entrevistas organizadas de común acuerdo, calendario de intercambio de documentos. Solo una parte asistida por un abogado puede celebrarlo. Evita el proceso o lo acorta, y lo que en él se constata puede retomarse ante el juez.

8. El acta refrendada por abogado

Una investigación puede desembocar en una transacción, un compromiso de confidencialidad o un reconocimiento de deuda tras una apropiación indebida. Estos acuerdos pueden adoptar la forma de un documento privado refrendado por los abogados de las partes: según el artículo 1374 del Código Civil francés, este documento hace fe de su escritura y de su firma y dispensa de las menciones manuscritas exigidas por la ley. El refrendo acredita la escritura y la firma de las partes; no garantiza la validez de las cláusulas y no constituye, por sí mismo, un título ejecutivo, salvo para una transacción o un acuerdo derivado de un procedimiento participativo, de una mediación o de una conciliación, refrendado por los abogados de cada parte y provisto de la fórmula ejecutiva por la secretaría judicial (artículo L. 111-3, 7°, del Código de Procedimientos Civiles de Ejecución francés).

Una precisión sobre la forma. Ante el tribunal judicial, la representación por abogado es en principio obligatoria, incluso para una solicitud inaudita parte o un procedimiento de medidas urgentes, salvo dispensas, en particular para las pretensiones que no excedan de 10 000 euros; ante el tribunal laboral y el tribunal de comercio, no siempre lo es. En todos los casos, el éxito de una medida depende de la redacción de la solicitud, de la elección del juez competente y de su articulación con la investigación: una constatación ejecutada después de la entrevista de la persona denunciada corre el riesgo de no encontrar ya nada.

Abogado, jurista de empresa, consultora de recursos humanos, investigador privado: el cuadro

El informe ante un registro

En encargo de asistencia, las notas de entrevista y el informe entregado al cliente están cubiertos por el secreto profesional. El registro de un despacho de abogados obedece a un procedimiento especial: lo dirige un magistrado, por decisión escrita y motivada del juez de libertades y detención, en presencia del decano del colegio (bâtonnier), que puede oponerse a la incautación de un documento cubierto por el secreto, resolviendo ese mismo juez la impugnación (artículo 56-1 del Código Procesal Penal francés). La protección no es absoluta: cede si el propio abogado es sospechoso de haber participado en la infracción; desde el 1 de marzo de 2022, el secreto del asesoramiento no es oponible a las investigaciones por fraude fiscal, corrupción, tráfico de influencias, financiación del terrorismo y blanqueo de estos delitos cuando los documentos acreditan que sirvieron para cometer o facilitar la infracción (artículo 56-1-2); y no se extiende a los documentos que existían antes de la investigación y que la empresa posee por otra vía. La empresa registrada puede, por su parte, oponerse a la incautación de un documento cubierto por el secreto hallado en sus locales (artículo 56-1-1). El interés está en otra parte: un informe conservado en el despacho del abogado y entregado únicamente al órgano mandante, en lugar de difundido en la empresa, sigue bajo control.

En el extranjero: una confidencialidad variable

En una investigación transfronteriza, la protección de los intercambios varía según los países. En Hong Kong, el legal professional privilege de common law comprende el legal advice privilege y el litigation privilege, cuyas condiciones difieren. En México, el secreto profesional está reconocido, pero su protección procesal es más limitada. En China, el abogado está sujeto a confidencialidad, pero ninguna protección procesal comparable cubre los intercambios, y puede esperarse una cooperación con las autoridades. Hay que organizar, por tanto, la circulación de la información sensible, determinar dónde se elaborarán y conservarán los análisis jurídicos, y coordinar después las intervenciones con abogados locales. Una protección francesa no se traslada automáticamente al extranjero.

La guía ¿Cómo dirigir una investigación interna en un grupo internacional? detalla las normas país por país. Para el método de la propia investigación, véase ¿Cómo llevar a cabo una investigación interna por acoso o discriminación?; para saber quién paga, ¿Quién debe pagar una investigación interna?; para el conjunto del proceso, la página Investigaciones internas. Las acciones que prolongan la investigación corresponden también a nuestras páginas Competencia desleal y parasitismo y Propiedad intelectual.