¿Cómo dirigir una investigación interna en un grupo internacional (Hong Kong, México, China, África) sin infringir el derecho local y las normas de transferencia de datos?

Actualizado el 9 de noviembre de 2026

Referentes: Pascal-André Gérinier (Abogado - Fundador), William Mak (Abogado - Fundador)

Cada filial investiga bajo su derecho laboral y su ley de datos: el método francés no se exporta tal cual. Tres preguntas antes de empezar: quién decide y quién toma declaración a los testigos, la entidad local o la matriz; qué datos pueden salir del país, porque Hong Kong, México y China no cuentan con ninguna decisión de adecuación en el sentido del RGPD y China somete las transferencias a su propia ley; qué confidencialidad protege los trabajos, del secreto profesional francés al legal professional privilege de Hong Kong, sin protección procesal en China. Y una regla francesa: la ley de bloqueo de 26 de julio de 1968 prohíbe, sin perjuicio de los tratados y textos aplicables, transmitir directamente a una autoridad extranjera documentos de carácter económico, comercial, industrial, financiero o técnico destinados a servir de prueba, lo que puede afectar a una parte de las piezas de una investigación.

Lo esencial

• La filial es una persona jurídica distinta: la matriz no tiene poder directo sobre sus trabajadores, pasa por los órganos de la filial.
• Las entrevistas siguen el derecho laboral local; las actas siguen la ley local de datos antes de poder transferirse.
• Por prudencia, los datos brutos permanecen en el país; solo circulan síntesis seudonimizadas, que siguen siendo datos personales y viajan bajo cláusulas intragrupo.
• La confidencialidad de los trabajos varía: secreto profesional en Francia, privilege en Hong Kong, protección limitada en México, obligación de discreción del abogado sin protección procesal en China.
• Ninguna respuesta directa a una autoridad extranjera que pide pruebas sin análisis previo: ley de bloqueo del lado francés, autorización exigida del lado chino.

Una investigación llevada a cabo en un grupo internacional no se rige por un derecho único. Cada filial tiene su propio empleador, sus obligaciones laborales, sus normas de confidencialidad y sus restricciones en materia de datos personales. Las diferencias culturales pesan también sobre las entrevistas y sobre la manera de denunciar hechos sensibles. Un procedimiento concebido en Francia puede producir, en otro lugar, una prueba difícilmente utilizable, exponer a una infracción local o desconocer la protección de un trabajador. Una transferencia de datos irregular agrava estos riesgos. El método francés es, por tanto, un punto de partida que adaptar, no un modelo que reproducir tal cual.

1. La gobernanza: quién decide, quién investiga, quién recibe el informe

Una filial es una persona jurídica distinta, con su empleador, sus órganos y su derecho. La matriz que quiere esclarecer hechos ocurridos en Hong Kong, en Ciudad de México o en Casablanca no tiene, por su sola condición de accionista, el poder de convocar a los trabajadores de su filial: hace decidir la investigación por los órganos de esta, que dan mandato al investigador, o recibe de la filial una delegación escrita, y el investigador permanece coordinado con el equipo del grupo. Una carta de encargo por entidad fija quién investiga, bajo qué derecho, quién recibe el informe y qué se eleva a la matriz. Cuando la sociedad matriz está sujeta a la ley Sapin II y formula cuentas consolidadas, sus obligaciones cubren a sus filiales y a las sociedades que controla, y el dispositivo de alerta puede ser común (ley Sapin II, artículo 17; artículo 8, C). Un comité de investigación que reúna a la dirección jurídica del grupo, al referente de alertas y al abogado coordinador evita gestiones dispersas por país.

2. El derecho local de las entrevistas, país por país

En Hong Kong, la Employment Ordinance regula la relación laboral; la Sex Discrimination Ordinance y los códigos de práctica de la Equal Opportunities Commission rigen las quejas por acoso sexual, y el empleador puede responder de los actos de sus trabajadores, salvo medidas razonables de prevención. La Personal Data (Privacy) Ordinance protege las actas.

En México, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo impone al empleador un protocolo de prevención de las discriminaciones por razón de género y de tratamiento de las violencias y del acoso. La norma NOM-035-STPS-2018 prevé mecanismos de queja, cuya confidencialidad debe organizarse. El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México, y los tribunales laborales completan estas referencias.

En China, el derecho laboral aplicable, la ley de protección de la información personal, que prevé sus propias bases de tratamiento, y las restricciones vinculadas a los secretos de Estado regulan cada entrevista; las autoridades pueden imponer una cooperación. El despacho asocia a un abogado local en cada etapa.

En África, ningún acto uniforme de la OHADA rige el derecho laboral: cada país tiene su código de trabajo, su inspección de trabajo y, cada vez con más frecuencia, su ley de datos personales, como la ley 09-08 en Marruecos, la ley 2013-450 en Costa de Marfil o la ley 2008-12 en Senegal; el despacho se apoya en un abogado local. En todos los casos, las entrevistas siguen el derecho del país donde trabaja el trabajador.

3. Las transferencias de datos: lo que puede salir del país

Un acta de entrevista es un fichero de datos personales. En el sentido del RGPD, su tratamiento se basa en el interés legítimo del empleador o en su obligación legal de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, y no en el consentimiento de las personas, que el desequilibrio de la relación laboral hace, en principio, inadecuado: las personas son informadas, no se les invita a consentir. Desde la Unión Europea, su transferencia hacia Hong Kong, México o China supone, a falta de decisión de adecuación, garantías adecuadas, en la práctica cláusulas contractuales tipo intragrupo y una evaluación de impacto de la transferencia (RGPD, capítulo V). En sentido inverso, cada país fija sus condiciones. En China, la ley de protección de la información personal somete la salida de los datos a una evaluación de seguridad, a un contrato tipo o a una certificación, salvo las exenciones introducidas en marzo de 2024, entre ellas la de las transferencias necesarias para la gestión transfronteriza de los recursos humanos según normas internas regularmente adoptadas; exige en principio un consentimiento separado para la transferencia, exigencia que las directrices de la administración china descartan cuando el tratamiento se basa en otra base jurídica, punto que debe confirmarse con el abogado local, y prohíbe, por su artículo 41, facilitar datos almacenados en China a una autoridad judicial o represiva extranjera sin autorización. En Hong Kong, la ordenanza de datos personales regula la recogida y el uso, pues su restricción propia de las transferencias internacionales, la sección 33, sigue sin haber entrado en vigor, y el Privacy Commissioner recomienda cláusulas contractuales. En México, la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, refundida en marzo de 2025 y controlada ahora por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, impone un aviso de privacidad y, en principio, el consentimiento, tácito o expreso según la naturaleza de los datos, sin perjuicio de las excepciones legales, cuyo alcance se verifica caso por caso.

En la práctica, y por prudencia más que por obligación: los datos brutos permanecen en el país, en los servidores de la filial; solo se transfieren síntesis seudonimizadas, que siguen siendo datos personales sometidos a las mismas normas; las personas son informadas; y un acuerdo intragrupo escrito reparte las responsabilidades.

4. La confidencialidad de los trabajos según los países

En Francia, los trabajos del abogado entregados a su cliente están amparados por el secreto profesional cuando investiga como asesor de la empresa (artículo 66-5 de la ley de 31 de diciembre de 1971). En Hong Kong, el legal professional privilege distingue el legal advice privilege, relativo al asesoramiento jurídico, y el litigation privilege, vinculado a los procedimientos contenciosos previstos o iniciados. En México, el secreto profesional existe, pero su protección procesal puede ser más limitada. En China, el abogado está sujeto a confidencialidad por el artículo 38 de la ley de abogados, pero esta obligación no crea una protección procesal comparable al privilege: los documentos pueden ser incautados y pueden intervenir obligaciones de cooperación con las autoridades. Hay que determinar, por tanto, dónde redactar y conservar los análisis sensibles, y limitar después su difusión entre filiales. La guía ¿Por qué confiar la investigación interna a un abogado? detalla el secreto profesional francés.

5. El idioma y los códigos culturales en la entrevista

Un testigo entrevistado en su idioma, por un abogado que conoce sus códigos, no se expresa de la misma manera que a través de un intérprete. En Hong Kong o en China, según las personas y los entornos, la relación con la jerarquía, la preocupación por no hacer perder la cara y la palabra indirecta hacen que un «sí» de cortesía no sea siempre un asentimiento y que la imputación a un superior pase a menudo por rodeos. En México, la lealtad al grupo y el temor a las represalias pesan sobre lo que se dice en una entrevista. En el África francófona, el idioma de la entrevista no es siempre el de la empresa, y los usos de la palabra pública varían de un país a otro. MOSAIK dirige las entrevistas en francés, inglés, cantonés, mandarín y español, desde París, Hong Kong y Ciudad de México, y trabaja con abogados locales en África y en China. El acta se redacta en el idioma de la entrevista y, cuando el derecho local y la persona entrevistada lo admiten, se firma en el acto; se prepara una traducción jurada si se perfila un litigio, en Francia o en otro lugar.

6. La ley de bloqueo y las solicitudes de autoridades extranjeras

El artículo 1 bis de la ley de 26 de julio de 1968, llamada ley de bloqueo, prohíbe, sin perjuicio de los tratados y textos aplicables, pedir, buscar o comunicar documentos o información de carácter económico, comercial, industrial, financiero o técnico tendentes a la constitución de pruebas con vistas a procedimientos judiciales o administrativos extranjeros. Transmitir directamente a una autoridad o a un tribunal extranjero las piezas de una investigación comprendidas en estas categorías, cuando están destinadas a servir de prueba en un procedimiento extranjero, cae, por tanto, bajo esta prohibición, salvo tratado o texto aplicable, incluso pasando por una filial; están previstas sanciones penales. Unas actas de entrevista sobre un acoso no entran necesariamente en ellas, pero unos documentos contables, contractuales o técnicos sí: de ahí un análisis pieza por pieza. La vía es la de la asistencia judicial internacional, con el punto de contacto de la administración francesa. La ley china de protección de la información personal prohíbe por su parte, sin autorización, la transmisión de datos almacenados en China a las autoridades judiciales o represivas extranjeras. No responda sin un análisis jurídico previo: haga intervenir al abogado y documente cada intercambio.

7. Cuando la investigación revela un riesgo de corrupción o de sanciones: verificaciones de integridad de terceros

Una investigación de recursos humanos saca a veces a la luz otra cosa: comisiones pagadas a un intermediario, un proveedor vinculado a un trabajador, un cliente sometido a sanciones. En las sociedades de al menos quinientos trabajadores, o pertenecientes a un grupo cuya sociedad matriz tiene su sede en Francia y cuenta con al menos quinientos trabajadores, cuya cifra de negocios, en su caso consolidada, supera los cien millones de euros, los directivos deben, y la sociedad con ellos, en virtud de la ley Sapin II, artículo 17, elaborar un mapa de los riesgos de corrupción y de tráfico de influencias y evaluar a los clientes, proveedores de primer nivel e intermediarios; las demás tienen interés en hacerlo en cuanto operan en países expuestos, porque la Foreign Corrupt Practices Act estadounidense, la Bribery Act británica y los regímenes de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos se aplican mucho más allá de sus fronteras. Las verificaciones de integridad, a menudo llamadas KYC para las personas y KYB para las sociedades, consultan los registros de titulares reales, las listas de sanciones, los registros mercantiles locales, el Companies Registry en Hong Kong por ejemplo, las resoluciones judiciales publicadas y la prensa. Siguen siendo proporcionadas: el tratamiento de datos relativos a condenas penales está estrictamente regulado por el RGPD, y las verificaciones sobre un candidato o un trabajador en Francia solo pueden referirse a información que tenga un vínculo directo y necesario con el empleo (artículo L. 1221-6 del Código de Trabajo francés), debiendo anunciársele los métodos utilizados (artículo L. 1221-8). Nuestras páginas Negocios internacionales y Derecho aduanero prolongan este apartado.

Antes de cualquier verificación de integridad, defina con precisión su objeto: titulares reales, sanciones aplicables, condenas hechas públicas o vínculos de interés con trabajadores. Privilegie los registros oficiales y las fuentes públicas fiables. Conserve las fuentes consultadas, la fecha de las búsquedas y la justificación de los datos retenidos. El artículo 10 del RGPD regula estrictamente el tratamiento de la información relativa a condenas penales: su publicación no basta para autorizar su recogida. Un intermediario sin actividad real, una comisión inexplicada, una sociedad pantalla o una negativa a responder exige una reacción proporcionada: verificaciones complementarias, garantías contractuales o negativa a contratar.

8. El protocolo en ocho puntos para una filial extranjera

1. La decisión: los órganos de la filial deciden la investigación y dan mandato al investigador; la carta de encargo fija el derecho aplicable, el perímetro y los destinatarios del informe.
2. El análisis de derecho local antes de cualquier entrevista: obligaciones del empleador, derechos de las personas entrevistadas, normas de prueba, presencia eventual de un representante o de un asesor.
3. El bloqueo y la salvaguarda de los datos in situ: mensajerías, ficheros, registros de acceso, copias con sello de tiempo y cadena de custodia documentada, sin transferencia fuera del país en esta fase.
4. La información a las personas según la ley local: finalidad, destinatarios, derechos de acceso y de rectificación, plazo de conservación.
5. Las entrevistas en el idioma de la persona, por un investigador que conoce sus códigos, con un acta releída por ella.
6. El informe redactado y conservado allí donde está mejor protegido, distinguiendo los hechos acreditados, los hechos no acreditados y el análisis jurídico.
7. La transferencia al grupo de síntesis seudonimizadas, bajo cláusulas contractuales intragrupo y tras una evaluación de impacto de la transferencia.
8. La explotación: sanción según el derecho laboral local, denuncia eventual tras análisis local, asistencia judicial para cualquier autoridad extranjera, archivo limitado en el tiempo.

Lo que cambia según los hechos

Allí donde el despacho tiene una oficina, Hong Kong y Ciudad de México, la investigación la lleva a cabo el equipo sobre el terreno; en otros lugares, en África y en China, se lleva a cabo en coordinación con un abogado local que conoce el derecho laboral y los usos del país. Las acciones que rodean la investigación, canal de denuncias, campañas de información y formaciones de los mandos, se adaptan al país y al idioma de los equipos, de modo que un grupo dispone de un dispositivo coherente en el conjunto de sus centros. Unos hechos penales en el extranjero exigen un análisis local antes de cualquier denuncia, porque la denuncia puede desencadenar poderes de investigación que la empresa ya no controla. Un trabajador expatriado con contrato de derecho francés sigue sometido a la ley elegida, pero, ante el juez francés, no puede ser privado de la protección de las disposiciones imperativas de la ley del país donde trabaja habitualmente cuando está destinado allí de forma duradera y no en simple misión (Reglamento Roma I, artículo 8); las normas locales se aplican en todo caso a la entrevista. Un grupo sujeto a la ley Sapin II articula la investigación con su dispositivo anticorrupción. Una solicitud de pruebas procedente de una autoridad extranjera modifica el enfoque: se trata en principio mediante la asistencia judicial, nunca mediante una respuesta directa sin análisis de la ley de bloqueo. Para el método común a todas las investigaciones, véase ¿Cómo llevar a cabo una investigación interna por acoso o discriminación?; para el papel del abogado y la confidencialidad, ¿Por qué confiar la investigación interna a un abogado?; para el marco general, la página Investigaciones internas y nuestras páginas Hong Kong y México.